Una nueva línea roja en la vigilancia gubernamental

Un proyecto de ley recién presentado en el Congreso prohibiría a las agencias federales comprar, desplegar, operar, acceder o contratar sistemas de vigilancia automatizados que identifiquen, rastreen o registren a las personas. Esto incluye lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés), tecnología de reconocimiento facial, sistemas de identificación biométrica y cualquier otra herramienta que retenga datos personales identificativos recopilados mediante métodos de vigilancia masiva.

De aprobarse, el proyecto supondría una de las restricciones federales más directas hasta la fecha al uso creciente de herramientas de rastreo de ubicación y vigilancia biométrica por parte de organismos gubernamentales. Durante años, las redes de lectores de matrículas y los sistemas de reconocimiento facial se han expandido silenciosamente entre las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales, a menudo sin una legislación específica que regule cómo se recopilan, comparten o almacenan los datos.

Cómo funcionan realmente los ALPR y el reconocimiento facial

Los lectores automáticos de matrículas son sistemas de cámaras, normalmente instalados en coches patrulla, pórticos de autopistas o postes fijos, que fotografían la matrícula de cada vehículo que pasa y registran la hora, la fecha y la ubicación GPS. Esos datos no solo captan a personas sospechosas de un delito: captan a todo el que circula por delante, creando un historial consultable de los desplazamientos de los vehículos a lo largo del tiempo.

El reconocimiento facial y los sistemas de identificación biométrica funcionan de forma similar, pero en lugar de matrículas, escanean y comparan rostros, huellas dactilares u otros identificadores físicos con bases de datos almacenadas. Combinadas, estas tecnologías pueden construir una imagen detallada de adónde va una persona, cuándo y con qué frecuencia, todo ello sin una orden judicial y sin que la persona lo sepa.

La redacción del proyecto de ley es amplia a propósito. No menciona explícitamente solo los ALPR. Se extiende a «cualquier otro sistema» que retenga información personal identificativa recogida mediante rastreo automatizado, lo que sugiere que los legisladores intentan adelantarse a tecnologías de vigilancia más novedosas antes de que se arraiguen en el uso federal.

Lo que el proyecto cambiaría (y lo que no)

La prohibición propuesta se aplica específicamente a las agencias federales. Esa es una distinción importante. Los departamentos de policía locales, las patrullas estatales de carreteras y las empresas privadas que operan redes de ALPR no se verían directamente afectados por esta ley. Muchas agencias locales ya utilizan ampliamente sistemas ALPR, a veces compartiendo datos con bases de datos federales o proveedores privados, y este proyecto no desmantelaría esos programas locales ya existentes.

Lo que sí haría es cortar la capacidad del gobierno federal para comprar, desplegar o acceder directamente a estos sistemas, y restringiría a las agencias federales la contratación de proveedores externos para eludir ese límite. Esto último es importante, porque una maniobra habitual de las agencias cuando se enfrentan a restricciones de vigilancia ha sido comprar el acceso a datos a empresas privadas en lugar de operar ellas mismas la tecnología.

Este tipo de división federal-estatal en la política de vigilancia no es exclusiva de Estados Unidos. En todo el mundo, los gobiernos están tomando rumbos muy distintos en cuanto a tecnologías de rastreo y herramientas de privacidad. Algunos países están endureciendo las restricciones sobre las mismas herramientas que la gente usa para proteger su privacidad en línea, como se ha visto en la escalada de Rusia contra las VPN, mientras que este proyecto de ley estadounidense avanza en sentido contrario, limitando la capacidad de vigilancia del gobierno. El contraste pone de relieve cómo la vigilancia y la política de privacidad pueden tirar en direcciones opuestas según el lado de la cámara en el que uno se encuentre.

Qué significa esto para ti

Si conduces, tu matrícula casi con toda seguridad ha sido fotografiada por algún sistema ALPR en algún momento, ya sea en un peaje, en un coche patrulla aparcado o en la red de cámaras de una empresa privada. La mayoría de los conductores nunca saben cuándo ni con qué frecuencia ocurre esto, y los datos pueden permanecer en bases de datos durante meses o años en función de la política de conservación de quien opere el sistema.

Este proyecto, de promulgarse, no eliminaría esa realidad de la noche a la mañana. Las redes locales y privadas de ALPR seguirían funcionando como hasta ahora. Pero una prohibición federal de la compra y el acceso gubernamentales sentaría un precedente significativo, que podría influir en cómo otras agencias e incluso las legislaturas estatales abordan en el futuro la adquisición de sistemas de vigilancia. Los defensores de los derechos digitales llevan tiempo argumentando que las herramientas de vigilancia masiva se expanden más rápido que las leyes que deberían regularlas, y este proyecto representa un intento de frenar esa tendencia a nivel federal antes de que se normalice aún más.

Para los lectores de a pie, el impacto práctico ahora mismo es limitado, ya que el proyecto tendría que ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y promulgado antes de que entrara en vigor cualquier restricción. Iniciativas legislativas como esta a menudo se enfrentan a un largo camino, sobre todo teniendo en cuenta los intereses contrapuestos de los cuerpos de seguridad que dependen de los datos de los ALPR para sus investigaciones.

Medidas concretas que puedes tomar

Si la privacidad y la supervisión de la vigilancia te importan, hay algunas cosas que vale la pena hacer. Sigue el avance del proyecto en el Congreso si quieres estar al tanto de si sale adelante en el comité. Ponte en contacto con tus representantes si tienes una opinión firme sobre la política federal de vigilancia, ya que los comentarios públicos pueden influir en la rapidez con la que se tramitan o se modifican los proyectos. Y ten en cuenta que el uso de ALPR y reconocimiento facial a nivel estatal y local no se vería prácticamente afectado por este proyecto en concreto, por lo que podría ser necesaria una incidencia política adicional si te preocupa la vigilancia más cercana a casa.

Esta legislación está aún en una fase inicial, pero refleja una conversación más amplia que está teniendo lugar tanto en los parlamentos estatales como en el Congreso sobre dónde trazar la línea entre las herramientas de seguridad pública y la vigilancia sin control.